Bolonia en la UAB: expulsiones políticas y ocupaciones históricas

En el 2001 todos los sectores políticos, sindicales y universitarios (rectores, profesorado, trabajadores y estudiantes) rechazaron la reforma que planteaba entonces el PP con la Ley Orgánica de Universidades (LOU). El Gobierno del PSOE no sólo no derogó la que Zapatero consideró ley “mala por su forma y su contenido” sino que profundizó en ella, siendo la aprobación del Decreto de eliminación de las actuales licenciaturas y diplomaturas uno de los pasos finales para la implementación del EEES de cara al 2010.

La LOU introduce un modelo educativo elitista y subordinado a criterios mercantiles, reduce la participación de la comunidad universitaria en la orientación de las universidades y naturaliza el poder central de los lobbies económicos externos a la hora de pautar las prioridades de gasto, distribución de ingresos y, por supuesto, la subcontratación y presión a la baja de las condiciones laborales de los trabajadores (docentes, investigadores y de administración y servicios) del ámbito universitario.

Bajo la égida del discurso de la “calidad”, la “competitividad” y de responsabilización al sistema educativo de las pésimas condiciones de trabajo para los jóvenes producidas por décadas de desregulación del mercado laboral y de un modelo económico especulativo, el Proceso de Bolonia constituye un salto cualitativo en el ataque a los derechos sociales, en este caso, el de la educación y de la presión a la baja de las condiciones laborales naturalizando las pràcticas en empresa como parte esencial del currículum universitario.

La nueva ministra en materia de universidades, Cristina Garmendia, procedente de la ejecutiva de la CEOE, aboca a las universidades públicas a la aplicación de la reforma haciéndoles creer que todas ellas están llamadas a formar parte de un ránquing mundial de universidades. Dado que los campus son reticentes a la inversión privada y que la patronal autóctona tampoco es muy dadivosa, los gobiernos autonómicos del PP y del PSOE se coordinaron “espontáneamente” para restringir la inversión pública prevista –ya a todas luces insuficiente- en los años y meses previos del estallido de la crisis, ubicando a universidades públicas del País Valencià y de la Comunidad de Madrid al borde de la quiebra… y de la subasta al mejor postor… en este caso fundamentalmente, el Banco Santander.

La represión política en la UAB: 33 expedientes y 15 imputados penales En este contexto, la Universidad Autónoma de Barcelona – un campus especialmente señalado en todos los ciclos de movilización estudiantil- se ha sumado a la tradición represiva de la Universidad del País Vasco, contra un movimiento estudiantil que se ha visto obligado, ya no sólo a combatir la aberrante reforma a pie de facultad, sino también a exigir que los mismos órganos de gobierno de la universidad respeten sus propios reglamentos – ya de por sí estamentales, antidemocráticos-.

Así, durante el curso 2007/08 las asambleas de facultad protagonizaron un encierro- como tantos otros- que seria “solucionado” por el Rector con una carga brutal de los Mossos d’Esquadra en un espacio abierto; sucesivas concentraciones de repulsa con motivo de las reuniones del Consejo de Gobierno de la Universidad se saldaron con otra carga de los Mossos d’Esquadra para impedir el tránsito de los estudiantes, y con siete expedientes disciplinarios. Una segunda tanda de expedientes – hasta llegar a 33- se abrió a raíz de unas protestas en mayo del 2008 en la facultad de letras que trataban de impedir la aprobación de los nuevos grados (que son los planes de estudio devaluados de contenido de la reforma boloniesa). La movilización consiguió evitar que la reducida junta permanente de la facultad aprobara los grados a espaldas del conjunto de la comunidad educativa. Todo el proceso sancionador se fundamenta en la vulneración de lo que el reglamento disciplinario de 1954 considera faltas muy graves: “manifestarse contra la institución” y “falta de probidad”.

Los expedientes tienen una misión de represalia política ejemplificadora: se han abierto a los portavoces e interlocutores estudiantiles con el Equipo de Gobierno, de todas las organizaciones activas en la lucha contra el desmantelamiento de la universidad pública: Coordinadora de Asamblees de Facultat, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, Corrent Roig, Estudiants en Lluita i de Co.bas…. También se encuentran entre las personas expedientadas aquellas que habían firmado la impugnación de la Junta de Letras que pretendía aprobar los nuevos planes de estudio sin convocar a los estudiantes juntarios elegidos por asambleas. Al proceso disciplinario interno se añade una denuncia penal por “desórdenes públicos” en la que incluyen un listado arbitrario de 15 estudiantes así como el listado de los estudiantes electos por la Facultad de Letras a una junta de facultad que nunca ha querido convocarlos.

Si la institución siempre ha negado el carácter político de la sanción, la creación de la Plataforma por el Diálogo (que ha reunido a más de 200 personas, entre profesorado y Personal de Administración y Servicios de la UAB), los comunicados de apoyo tanto desde la propia universidad, como externos y las muestras de solidaridad desde todos los territorios ponen en evidencia que la represión estudiantil en la UAB tiene un carácter ejemplificador para el conjunto del movimiento.

Más allá de los expedientes sancionadores, la UAB ha vivido entre noviembre y diciembre un estallido de ocupaciones masivas en 6 facultades. Las ocupaciones no sólo llevaron a cabo decenas de actividades alternativas y cambiaron la fisonomía de las facultades sino que además paralizaron la actividad docente durante varias semanas. La Facultad de Letras fue donde se mantuvo la ocupación sin realizar clases más un mes, con asambleas de 300, 400 e incluso 600 estudiantes, en una movilización histórica para defender la universidad pública de una combatividad que no se veía desde los años 70.

Las ocupaciones desarrolladas durante el mes de noviembre y diciembre, la parada de docencia y el crecimiento exponencial de las asambleas conduce a que la instrucción de los expedientes, en pleno ecuador de la agitación, pida la expulsión de los 31 estudiantes para períodos de entre once y un año y comunican que “es negociable” a pesar de que defienden la pulcritud apolítica del proceso. Finalmente, los cortes coordinados de carretera en todo Barcelona, la ocupación del de la sede de la Dirección Universitaria y la ocupación del Rectorado de la UAB inducen al Equipo de Gobierno de la UAB a admitir el carácter político de la represión y anuncia justo antes de las vacaciones de navidad que los expedientes se resuelven con la expulsión de entre tres y un año de seis compañeros y la sanción pública de otros 22 –por el camino han archivado unos cuantos-.

Los expedientes son una cuestión política y se resolverá políticamente, reiteran la Asamblea de Represaliados y las Asambleas de Facultad, y en este sentido no sólo se han interpuesto 28 demandas recurriendo las sanciones por vulneración de derechos fundamentales (violación de la presunción de inocencia, cesión de datos personales a terceros; derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación…) sino que continúan difundiendo y señalando los culpables y los efectos de que estas medidas significan para los estudiantes organizados y combativos: encadenamientos en las sedes de los partidos del Tripartito, siendo ERC protagonista central – responsable de Universidades-. La demanda también la interponen como legítimas interesadas, no sólo las organizaciones de militancia de las personas represaliadas (SEPC, Co.Bas) sino también el segundo sindicato de trabajadores de administración y servicios de la UAB (CAU-IAC) y CGT.

Todo el procedimiento retrata el “progresismo” de la “izquierda parlamentaria”. No en vano el ex – rector pidió el voto públicamente para el PSC en las últimas elecciones y su mano derecha en este proceso, Rafael Grasa, ha recibido como premio a los servicios prestados la designación a dedo de la presidencia del Institut Català Internacional per la Pau. La Decana de Letras, Helena Estalella, otra de las adalides de la represión para defender una “universidad pública y de calidad” recientemente se ha pedido la baja por depresión. Mientras, los seis compañeros están pendientes de la resolución de las medidas cautelares pedidas al juez para, entre tanto se resuelve la demanda, poder examinarse.

La nueva rectora se ha posicionado contraria a conceder las medidas cautelares y ha inaugurado el curso después de las vacaciones con un dispositivo de veinte guardias de seguridad que –porra en mano- han custodiado la entrada a la Facultad de Letras con el pretexto de garantizar “la seguridad” después de la ocupación de noviembre y diciembre. La Degana de Letras ha alterado el calendario académico unilateralmente como castigo colectivo – alteración irregular, recurrida por CGT- y la toma de posesión de la nueva rectora ha contado con un dispositivo tal de seguridad que ha motivado nuevas quejas de UGT y CAU, por la imposibilidad de trabajadores del rectorado de acceder a sus puestos de trabajo. Esta es la línea del nuevo rectorado: restablecimiento del orden público manu militari para cumplir con los plazos de la reforma que ya el mismo Ministerio de Ciencia comienza a estudiar su culminación del 2010 al 2015.

Pero difícilmente conseguirá romper el movimiento estudiantil con una vía confrontativa. De hecho, lo contrario es más probable. De momento, el rectorado de la UB continua hoy ocupado en plenos exámenes (con una biblioteca creada por los propios estudiantes y abierta 24h), manteniéndose la ocupación desde el 20 de noviembre. Y la idea de generalizar las ocupaciones con paralización de la docencia se está extendiendo por muchas más facultades para el segundo cuatrimestre.

Isabel Benítez y Joel Sans, miembros del movimento estudiantil en la UAB

Extraido de www.cobas.es, sindicato personado en la defensa jurídica de los estudiantes expulsados

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